Subsidios cruzados
Por:
Dr. Julio César Peraza P.
Caracas,
1 de febrero de 2014
I.
Exordio
El presente escrito—propuesta al señor Maduro Mora—tiene
sustento doctrinal en el libro de mi autoría “La intervención del Estado venezolano
en la economía” (2013, páginas 210 a 214, punto V.4. Subsidios cruzados y
responsabilidad social compartida), el cual transcribo a continuación de manera
textual:
“V. 4. Subsidios cruzados y
responsabilidad social compartida
Los subsidios cruzados consisten como se vio ut supra, en que de manera voluntaria o
por intervención del Estado, algunos sectores de la sociedad pagan más por
bienes o servicios para beneficiar a otros sectores de menores recursos, que
también los consumen o utilizan. Este instrumento de justicia social,
solidaridad y responsabilidad social bien empleado, puede resolver algunos
problemas, no afecta presupuestaria o administrativamente a la Administración y
generalmente, no presenta oposición por parte de los miembros de la sociedad.
Se logran soluciones con paz social, cuando el Estado compensa de alguna manera
o da ventajas razonables a los productores de bienes y prestadores de
servicios, sea mediante abundante oferta de bienes públicos apreciados por
todas las clases sociales, tales como seguridad en toda la extensión del
vocablo, salubridad, y además educación, ornato público y garantía de estado de
derecho y seguridad jurídica y, la gran solución que es ofrecer bienes y
servicios a las clases sociales menos favorecidas, a precios o tarifas que tiendan
a cero. El
actual gobierno como ya se comentó, hace uso del control de cambio, para
favorecer a ciertos sectores de la economía que producen y ofrecen bienes
indispensables para la población; esto es una forma de subsidio.
Se cree que previa evaluación
económica, política y social, los subsidios cruzados pueden utilizarse en el
caso de tarifas de servicios de electricidad, telefonía, agua potable y
alcantarillado, derechos de frente, alimentos en presentaciones diferentes pero
con idéntica calidad, útiles escolares, transporte y otros a considerar, oyendo
y diferenciando las solicitudes de las personas y sugerencias y exigencias de
los empresarios.
Mutatis
mutandis, los servicios médicos y odontológicos haciendo uso de la
misma filosofía de gestión, para lograr que de manera voluntaria y con agrado
preferentemente o por intervención gubernamental, que algunos sectores de la
sociedad paguen más por los servicios médicos y odontológicos, para beneficiar
a otros sectores de la sociedad que también los requieren, pero tienen menores
ingresos para acceder a ellos. Igual solución compartida puede lograrse en
pensiones, jubilaciones, planes de vivienda, obras diversas y otras que se
presentan en la vida social cotidiana.
Para lograr lo anterior por
la vía del diálogo aceptando estas proposiciones de soluciones compartidas, es
necesario el adecuado manejo de las diferencias y discriminaciones, siendo la
primera de ellas, el sentimiento repetido y compartido, de que con cualquier intervención del Estado: “alguien gana
pero alguien pierde’’, la segunda que sostiene que: “cuando el Estado regula la
propiedad en cualquier sentido, ésta baja su valor’’ y, por último, la tercera
que es aquella que sostiene que: “toda regulación que no obedece al intento de
solucionar una falla de mercado
origina escasez, especulación, corrupción y en algunos casos, aparición de
mercados monopólicos”.
Hay un componente en común de las tres razones de rechazo a la
intervención del Estado en la economía y es que, divide a la sociedad en
ganadores y perdedores, en buenos y malos y esto no es favorable para la
convivencia pacífica de la sociedad.
Al inicio de esta tesis se expresó que con la intervención, se está
ante un problema de percepción, en el sentido de cómo alguien se entera por sus
sentidos de lo que acontece a su alrededor. Obsérvese que hay cosas en común en
las percepciones que se señalaron. Hay siempre dos polos extremos: 1.
Intervención del Estado = alguien gana y otro pierde. 2. Cuando se regula la
propiedad = baja su valor. 3. Cuando se
regulan precios máximos de venta al consumidor de bienes y servicios sin
justificación en resolver una falla
de mercado = alguien gana y otro pierde.
Esto simplificado es dividir a la sociedad en ganadores y perdedores, es decir, en dos bloques, cada uno con un
paradigma diferente y por tanto, con diferencias irreconciliables, cuya única
forma de acuerdo, es con una solución sintagmática a la cual se trató ut supra; en este caso sería que ambos
extremos se sientan ganadores, ya que con un manejo inteligente se puede
lograr. El líder y artífice de esta solución tiene que ser el Estado, quien
debe empezar por resolver o hacer manejable el déficit fiscal, para poder tener
músculo financiero para manejar la
solución; de ser así, la parte privada, la sociedad en su conjunto al sentirse
valorada, respetada y con buenas perspectivas, colaborará con entusiasmo al sentirse
como parte de la solución.
No se puede presentar soluciones para cada
caso, pero sí establecer algunos principios rectores aplicables a la resolución
del problema planteado el cual es: “Los
órganos del Estado, deben saber cuándo se debe y cuándo no se debe intervenir
por razones económicas en la economía’’.
Sobre la base de lo transcrito le sugiero que a las
cadenas de todos los automercados se les autorice a vender a precio libre de
mercado algunos productos escasos (precio de equilibrio en un mercado
competitivo), tal como lo prevé la Constitución en su artículo 299 sobre el régimen socioeconómico y la
función del Estado en la Economía y, en los artículos 112 y 117 sobre derechos
económicos (libertad económica, libertad de elección y protección al
consumidor), que según la exposición de motivos de la propia Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, “… el Estado se obliga a tomar las medidas
necesarias para combatir toda práctica que afecte la libre formación de los
precios…”.
Según lo propuesto, los distintos órganos con funciones
de policía administrativa de precios, determinarán un porcentaje de cada
producto regulado y en consecuencia escaso, para venderlo a precio libre, pero
sólo en establecimientos ubicados en zonas de mayores ingresos; en el resto de
los demás establecimientos de cada cadena se continuará vendiendo racionado y a
precio regulado. Todas estas operaciones y sus montos pueden y deben ser controladas,
por las máquinas fiscales. El efecto económico de este subsidio cruzado (unos
pagan más para que otros paguen menos), será 1. Desaparición del mercado
informal, 2. Reducción de la escasez, 3. Plena satisfacción a las clases
sociales que pueden y quieren pagar más para tener el producto escaso. Además estas
clases etarias nunca agradecerán los subsidios que les da la sociedad o el
Estado, 4. Nadie puede oponerse o quejarse, pues si desean comprar a precio
regulado, pueden hacer la cola al igual que la hacen hoy en día, 5. Se reducirá
el rechazo a la actual política de subsidio.
Los recursos que generará el subsidio cruzado, pueden ser
compartidos entre las cadenas de automercados y el Estado podrá reducir el
déficit fiscal o gerenciar programas sociales, producto de la responsabilidad
social compartida.
Esta proposición debe ser evaluada ex ante para poder predecir sus resultados deseados o no deseados,
en este último caso, para desecharla de plano.
“El que le gusta
el salmón ahumado
noruego debe pagar su precio”
El Autor.
Nota: El libro citado está a la
venta en la Librería Las Novedades o puede ser consultado sin costo, en la
Biblioteca de la Faculta de Derecho de la Universidad Central de Venezuela.
